La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha valorado la entrada en vigor con sanciones este 1 de octubre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como «una oportunidad perdida» para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible.
Partidos como IU o Verdes Equo también han mostrado su oposición, mientras que sindicatos como CCOO y CSIF han pedido más personal para activarlo.
Acusaciones del PSOE a la alcaldesa
En una nota de prensa, Ruz ha acusado a la alcaldesa Marifrán Carazo, del PP, de priorizar «cuestiones electoralistas y recaudatorias» sobre el bienestar de la ciudad.
Ha afirmado que «empieza definitivamente a funcionar la ZBE, una chapuza sin pies ni cabeza que no va a mejorar la vida de los granadinos ni la calidad del aire. Simplemente son palos en la rueda a los vecinos y vecinas y un fracaso anunciado que no viene acompañado de mejoras en el transporte público».
Falta de planificación y transporte público insuficiente
Ruz ha insistido en que el proyecto está «abocado al fracaso» por la falta de mejoras sustanciales en el transporte público y ha criticado el «nulo impulso» del gobierno de Carazo al nuevo contrato del transporte urbano y al proyecto de líneas coordinadas con los municipios del área metropolitana.
También ha acusado a la alcaldesa de «votar contra proyectos clave para Granada como la ampliación del Metro por la Cornisa Sur y por Santa Fe», alternativas que podrían haber absorbido tráfico y mejorado la calidad del aire.
La portavoz socialista ha señalado que la ZBE «nació de la noche a la mañana, sin ningún soporte técnico» y con un «desconocimiento absoluto» de la interacción entre Granada capital y su área metropolitana, lo que ha generado sucesivos parches y cambios que han sumido a la ciudadanía en incertidumbre.
«Creo que ya nadie sabe si va a poder entrar, si no puede entrar, cómo puede entrar o qué consecuencias va a tener», ha advertido, resaltando además la posible repercusión negativa en comercio y empresas.
Postura de IU: críticas y propuestas
Para la coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, Carazo ha iniciado un «plan recaudatorio que no solucionará el problema de la contaminación».
IU ha pedido carriles bici entre municipios, más transporte público en el área metropolitana y ayudas ante la ZBE, considerando la medida una «obligación legal para municipios de más de 50.000 habitantes» derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Pérez ha subrayado que la congestión y la escasez de transporte público han deteriorado la calidad de vida y la salud de los habitantes, e insta a coordinar Ayuntamiento y Junta para garantizar movilidad sostenible.
Opinión de Verdes Equo
En la misma línea, Verdes Equo ha señalado que Granada sigue entre las ciudades más afectadas por la contaminación y ha advertido que la ZBE «está mal planteada: se ha hecho de espaldas al área metropolitana y sin una visión de conjunto».
Según la formación, la medida «no reducirá significativamente la contaminación, pero sí generará perjuicios a la ciudadanía y desconfianza hacia una herramienta que debería ser clave para mejorar la salud pública».
Verdes Equo insiste en que una ZBE efectiva debe integrarse con la movilidad metropolitana y contar con transporte público accesible y medidas de control real.
Sindicatos denuncian falta de personal y sobrecarga
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada ha denunciado el «colapso» del servicio de Movilidad y la «falta de personal» ante la implantación de la ZBE, mientras que CSIF ha solicitado un refuerzo urgente en Movilidad y Recursos Humanos.
CSIF ha señalado que la sobrecarga de trabajo afecta a la salud de la plantilla y ha pedido la convocatoria urgente del comité de seguridad y salud para evaluar la situación y proponer medidas.