El PP de Granada presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia para «exigir soluciones urgentes» al Gobierno de España ante «las reiteradas incidencias» en el sistema de pulseras de protección contra la violencia de género.
La iniciativa de los populares denuncia públicamente, según ha informado el PP en una nota de prensa este martes, «la falta de respuesta» ante los fallos técnicos que afectan al sistema de control telemático, «conocidos desde julio de 2024, y que ponen en grave riesgo la seguridad de mujeres víctimas de violencia machista». En concreto audiencias provinciales como la de Granada han alertado desde 2023 en sus comisiones provinciales de coordinación contra la Violencia de Género de las «disfunciones» de las pulseras telemáticas.
El secretario general del PP en la provincia de Granada, Jorge Saavedra, ha afirmado que «es inadmisible que el Gobierno siga sin ofrecer explicaciones y niegue la realidad mientras se producen errores en un sistema que debería garantizar la protección de las víctimas, más de 400 mujeres en la provincia de Granada». «No estamos hablando de fallos técnicos, estamos hablando de las vidas de mujeres víctimas de violencia». Saavedra ha lamentado que, pese a las advertencias del poder judicial, no se haya activado ningún protocolo para «revertir esta situación de descontrol».
Saavedra ha pedido explicaciones a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien es secretario general del PSOE en la provincia de Granada, para que «aclaren con urgencia si conocían lo que estaba pasando y por qué no hicieron nada».
La moción también exige al Gobierno la elaboración urgente de un protocolo de actuación ante incidencias técnicas que incluya medidas de refuerzo y seguimiento inmediato. Además, reclama una auditoría integral del sistema de control telemático para «detectar vulnerabilidades y corregirlas de forma prioritaria».
El PP insta a que se refuercen los recursos humanos y técnicos destinados a la gestión de estas herramientas, y que se garantice la formación continua de los profesionales implicados. «La protección de las víctimas no puede depender de la suerte ni de la burocracia, ya es hora de que el Gobierno actúe con seriedad y responsabilidad», ha concluido el dirigente popular.
La Audiencia Provincial vio «disfunciones»
Precisamente en el acta de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia de Granada, celebrada en marzo de este año, la Guardia Civil alertó de «disfunciones» en el funcionamiento del dispositivo de control telemático Cometa. Un hecho del que la misma comisión alertó en 2024.
Según se expuso en la sesión, «un número de víctimas» aseguraron sentirse «desprotegidas» debido al «perjuicio» que le estaba suponiendo la asignación de dispositivos. De hecho, indicaron que estas mujeres se plantearon renunciar al uso de la herramienta, llegando «alguna» a entregarlo en sede judicial. Asimismo, magistrados confirmaron que estas «disfunciones» crean «inseguridad» en las víctimas, así como «graves problemas» probatorios en los procedimientos judiciales por quebrantamiento de medidas.
Igualmente, señalaron que los problemas con los dispositivos se intensificaron desde el cambio de empresa adjudicataria del servicio. Además, durante la sesión, se solicitó la realización de una auditoría sobre el diseño del aparato, puesto que podía tener algún tipo de «laguna de seguridad».
Fallos detectados en comisiones judiciales y de coordinación
Durante la comisión de febrero de 2025, presidida por el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 indicó que los fallos en los dispositivos afectaban a «multitud de causas penales» y generaban «ansiedad e inseguridad en las víctimas». La magistrada del Juzgado número 1 destacó que los informes del sistema Cometa tienen presunción de veracidad y su correcto funcionamiento es clave para la protección de las víctimas y el valor probatorio en los procedimientos judiciales.
Se señaló que algunos dispositivos no registraban incumplimientos de las órdenes de alejamiento y que, en ciertos casos, las víctimas preferían no utilizar los aparatos por temor a que los informes pudieran favorecer al agresor. La Guardia Civil añadió que la colocación de los dispositivos en la muñeca, en lugar del tobillo, facilitaba su manipulación o desactivación, incluso usando animales, a pesar de contar con sensor térmico. Por ello, se reiteró la necesidad de una auditoría sobre el diseño del aparato y se destacó que Granada es una de las provincias donde se imponen más dispositivos, con las implicaciones que ello tiene para la seguridad y el control judicial, informa EP.
