La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada ha supuesto, desde su entrada en vigor con sanciones el pasado 1 de octubre, un ascenso del uso del transporte público y una disminución del privado. En concreto, la última semana ha caído un 7,89% la circulación en la trama urbana de esta ciudad de vehículos sin etiqueta medioambiental, que son los que tienen restringida la entrada a la capital granadina.
Este último dato, en el marco de un primer balance del equipo de gobierno local, del PP, de la ZBE, ha sido facilitado por la edil de Protección Ciudadana y Movilidad, Ana Agudo, en la comisión del ramo, reunida este martes, incidiendo en la «disminución paulatina» de la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental, sobre la que los estudios preliminares apuntaban a una retirada de en torno al 15%.
Agudo, quien se ha congratulado de que se esté «reduciendo de manera importante el número de vehículos contaminantes» en las calles de la capital granadina, ha apuntado a una reducción de tráfico del 2,9% de vehículos únicos en media en el periodo que va desde el 1 de octubre, con respecto a la última semana de septiembre.
Datos sobre las ZBE
Ha aportado también en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, en presencia de las representantes de los grupos de la oposición municipal, de PSOE y Vox, datos de la Junta sobre los incrementos que se han visto en la primera semana de implantación en el bus metropolitano, con un 5,6% de validaciones más en la primera semana de implantación de la ZBE con multas respecto de la misma semana de 2024.
Un dato que se veía revalidado durante la segunda semana, con un 9,3% de validaciones más, y el resto de lo que va de mes. En cuanto al uso de transporte urbano, la información disponible de octubre está aún en «figuras preliminares».
Pero ya en septiembre en términos generales se veía un aumento del 8,11% en validaciones respecto del mismo periodo de 2024. Hasta ese mes hubo un 21,5 millones de ellas, ha precisado Agudo, que los ha contextualizado señalando que el año pasado se llegó en total a los 28 millones.
Ha adelantado por tanto una progresiva «migración» del uso de vehículos sin etiqueta tanto al transporte público como a coches con etiqueta, y ha apuntado también a los seis recursos planteados en sede judicial contra la ZBE, incluido el de Vox, uno particular, otro de una asociación y los de tres ayuntamientos metropolitanos, en referencia a los de Armilla, Maracena y Gójar.
Algunos han interesado las medidas de suspensión cautelar que están siendo estudiadas, ha explicado Agudo, quien ha añadido que la mayoría de ZBE en España «han sido anuladas por diferentes motivos» aunque luego se hayan corregido y estén vigentes con posterioridad, incluyendo las de Barcelona y Madrid.
Desde el Ayuntamiento de Granada ha asegurado que se han ido aprendiendo de las sentencias, desarrollando «todos los elementos requeridos», ha añadido la edil de Movilidad, quien ha afeado que la ley y el real decreto que regulan este asunto plantean desde el ámbito estatal «un marco legal poco seguro para las administraciones».
Ha sostenido el «buen trabajo y buenos argumentos para defender» el modelo de ZBE de Granada «pendiente de las resoluciones que vayan emitiendo» los juzgados por posibles «medidas cautelares en las próximas semanas o meses», y la conclusión de los procesos abiertos por estos recursos, lo cual llevará «más tiempo».
«No tenerla vigente causaría también un perjuicio económico importante» a la ciudad por subvenciones «millonarias» para el transporte público que se conceden precisamente si se cumple con esta ZBE, que, según los datos que tiene el Ayuntamiento, no certifican según Agudo una disminución de ventas en comercios del centro de Granada.
Ha calificado de «rocambolesco» asimismo que el PSOE hable de falta de «previsión» en su aplicación y ha reconocido que por «carencias de personal» del Ayuntamiento el personal ha sido «difícil de cubrir» y que los refuerzos que se han venido solicitando por su área «no se pueden dar por cuestiones presupuestarias» en muchas ocasiones.
Se están «acentuando peticiones desde julio» y se han incorporado trabajadores desde principios de septiembre, conicidiendo a finales de ese mes con una «ola» de carga administrativa «que ha tenido una incidencia sobre todo» en ese momento, por la tramitación de exenciones.
Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, según ha expuesto en la misma comisión la dirigente socialista, el área de Movilidad «está absolutamente colapsada» y «este problema no va a ir a mejor» porque tras esta primera fase llegarán los «recursos» por las multas, a las que, con otras casuísticas, «habrá que darle curso».
Ha apuntado a la solicitud por vía interna en el Ayuntamiento a empleados de otros departamentos para «trabajos extraordinarios» en colaboración en horario de tarde para la tramitación de expedientes por la ZBE en el área de Movilidad, con una «sesión formativa» para ello prevista para esta misma semana, «24 días después» de la puesta en marcha de la medida.
La implantación con sanciones de la ZBE es un «monstruo administrativo» y se ha partido de la base, ha reseñado Ruz, de la situación del área de Movilidad «ya con los expedientes normales», por lo que se preveía, según el PSOE, que «iba a ser ingobernable» pese a que en el PP «retrasaron la puesta en marcha seis meses», informa EP.
