La pieza separada del ‘caso Marchelo’ sobre presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín m se encuentra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial pendiente de que se señale el juicio, después de que la instrucción de la macrocausa a la que pertenecía se haya dilatado casi veinte años.
A diferencia de las otras dos piezas del llamado ‘caso Marchelo’, en las que un acuerdo entre Fiscalía, defensas y acusaciones evitó la celebración del juicio, en esta no fue posible.
La acusación particular está ejercida por un empresario que, además de penas de cárcel para los acusados, reclama ser indemnizado por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la construcción presuntamente ilícita de esta gasolinera en la Avenida de Andalucía del municipio, después de que a él se la denegaran previamente por tratarse de un terreno residencial.
Fuentes del caso han señalado a Europa Press que el señalamiento del juicio está pendiente de una resolución del tribunal sobre la distintas pruebas que han propuesto las partes para la vista oral.
En esta pieza están acusados el que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín en el momento de los hechos; Manuel F.M; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera. También estaba acusado el alcalde de Alhendín en ese momento, José Guerrero (PP), para el que la Audiencia de Granada ha acordado archivar provisionalmente la causa por motivos de salud.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, se les atribuye la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde presuntamente negoció con el empresario acusado la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
El Ministerio Fiscal hace constar que esta actividad era «contraria a las normas subsidiarias vigentes», dado que el terreno estaba en la categoría de ‘suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar». Sin embargo, presuntamente «conocedores de dicha contradicción patente y notoria con la normativa urbanística», el alcalde aceptó «a instancias del empresario», condicionar la perfección del contrato a la aprobación de los permisos y licencias municipales necesarias para permitir la gasolinera.
Ello, según incide la Fiscalía, «a sabiendas de que la actuación comprometida vulnera la legalidad vigente» y contando para ello con la «connivencia» del entonces concejal de Urbanismo y dos ediles más que «conscientemente» –agrega– votaron a favor de las licencias y proyectos presentados por el empresario «a pesar de conocer la vulneración de las normas urbanísticas vigentes y con el concurso del técnico municipal».
A este último le acusa de «informar favorablemente» a «instancias del alcalde» las licencias y proyectos para este expediente urbanístico «a pesar de ser consciente del quebranto de la norma». Toda la operación incluyó presuntamente «un cambio fraudulento en la clasificación del suelo» para que se pudiera construir y explotar comercialmente la gasolinera, según indica la Fiscalía.
Por este asunto, solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario presuntamente implicado (esto mismo solicita también al exalcalde José Guerrero). Penas que eleva la acusación particular, ejercida por el letrado José Manuel Urquiza, quien reclama también la anulación de las licencias vinculadas a la gasolinera y su demolición.
Esta parte reclama además indemnizaciones por lucro cesante –en compensación por las ganancias que pudo dejar de percibir el empresario al no serle otorgada la gasolinera– y solicita que sean cuantificadas en la ejecución de sentencia.