La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado en vigor con una apuesta firme por aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. El Gobierno de Juanma Moreno toma la iniciativa con una norma que se asienta sobre el incremento de la oferta de VPO y la rehabilitación, la disponibilidad de suelo, la reducción de burocracia en los proyectos residenciales y el refuerzo de la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos al alza como la ocupación ilegal de viviendas.
Una ley fruto del diálogo y de la planificación iniciada en 2019
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado que la norma «nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces». La Ley de Vivienda de Andalucía, ha afirmado, viene a «apuntalar toda la planificación que se ha hecho desde 2019 en materia de vivienda por parte del Gobierno de Juanma Moreno». Un trabajo que se ha traducido en que Andalucía haya conseguido multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas en los últimos seis años y se haya convertido en la comunidad autónoma donde más vivienda, libre y protegida, se ha iniciado en 2025, a diferencia del resto de España.
Áreas prioritarias para concentrar recursos y ayudas
La Ley de Vivienda de Andalucía, por tanto, se marca como objetivo acelerar el aumento de la oferta de viviendas protegidas. Así, contempla medidas como la creación de las áreas prioritarias, zonas donde hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que la administración concentrará sus recursos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. En ese sentido, se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.
También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas de la Junta de Andalucía.
Rehabilitación, eficiencia y calidad de la vivienda
Igualmente, pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. En el articulado se recogen aspectos de mejora de la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas.
También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables, dentro del marco de sus competencias. En esa línea, se constituirá una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal, con mecanismos para el asesoramiento e información en desahucios y ocupación, donde habrá representación de las Consejerías implicadas (inclusión social, justicia, política interior) y otros organismos públicos de carácter estatal y regional
La norma incorpora varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas. Un Decreto-ley al que se han adherido ya más de 80 municipios andaluces que representan a cinco millones de andaluces, más de la mitad de la población y que se localizan en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas. Igualmente, la ley seguirá trabajando en la bolsa de suelos para vivienda protegida con la incorporación de nuevos municipios. Hasta ahora, esta medida ha aflorado parcelas con capacidad para más de 40.000 viviendas protegidas en los 13 municipios de más de 100.000 habitantes.
Primera ley autonómica tras la normativa estatal
Con su entrada en vigor, Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Con esta ley, según ha indicado la consejera, se busca contrarrestar también los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha ocasionado la subida de precios, la caída de la oferta, la incertidumbre jurídica del propietario o el aumento de la ocupación.
Por último, contribuye a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
Un marco legal respaldado por más inversión pública
La Ley de Vivienda de Andalucía es el último paso dados por el Gobierno andaluz de un camino iniciado en 2019, que ha permitido reactivar la construcción de viviendas protegidas y ampliar la oferta a precio asequible. Desde hace siete años, la Junta de Andalucía ha emprendido varias acciones como la aprobación de un plan de vivienda a diez años, el Plan Vive En Andalucía, que ha estimulado la oferta con medidas inéditas en la comunidad como las ayudas a promotores públicos y privados; una nueva Ley del Suelo (LISTA), que ha agilizado trámites y burocracia; o un ambicioso paquete fiscal con 460 millones de euros en incentivos para el acceso a la vivienda, con medidas novedosas como el Garantía Vivienda Andalucía, el aval hipotecario de la Junta para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 2.365 familias andaluzas.
De igual manera, se ha incrementado año a año el presupuesto en vivienda hasta alcanzar los 740 millones de euros, un 40% más que en 2025 y un 180% más que en 2018, según recoge GRXactualidad en un comunicado emitido por la Junta de Andalucía.
