La Junta ha cifrado este jueves en casi 10.600 el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) canceladas por esta administración desde febrero de 2024. De ellas, 1.900 son de la provincia de Granada y la mayoría, un total de 1.059 están en la capital granadina.
La Junta ha reforzado su política de inspección con medidas concretas que incluyen más cancelaciones, más control y más colaboración institucional. Entre las acciones destacadas, se encuentra el próximo apoyo de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar actividades ilegales.
Al mismo tiempo, se han firmado convenios de colaboración con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y hay otros 23 en tramitación, lo que permitirá compartir datos, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas desde el ámbito municipal y autonómico.
Una de las principales novedades es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incluye avisos preventivos para informar al ciudadano cuando intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas. En municipios como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María, donde existen restricciones, y el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación.
«Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano», según ha subrayado este jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en su comparecencia en comisión parlamentaria.
Respuesta al Gobierno central
El consejero también ha aprovechado su comparecencia para desligar la Vivienda de Uso Turístico del problema de la vivienda en España.»El señor Sánchez viene a Andalucía a atacar nuestra principal industria, el Turismo, y le culpa de que los ciudadanos tengan problemas para encontrar una vivienda. Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual».
En esta línea, Bernal ha explicado que la competencia en materia turística corresponde a la Junta de Andalucía y que el Gobierno de España no puede proceder a la cancelación de ninguna VUT. «No son viviendas ilegales, van a poder seguir ejerciendo su actividad y lo único que cambia es que no podrán publicitarse en algunas plataformas. Mientras que el Gobierno de Juanma Moreno suma más de 10.500 cancelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez cero. Esa es la realidad».
El consejero también ha recordado que el Registro Único sobre el que se basa el anuncio de Pedro Sánchez es una norma que cuenta con informes demoledores del Consejo de Estado y un expediente de la Unión Europea por invasión de competencias. «La única administración competente para cancelar licencias a una VUT es la Junta de Andalucía».