La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha informado acerca de la posibilidad de cobrar tarifas por cancelar reservas en los restaurantes, siempre que las condiciones estén comunicadas de manera clara al cliente.
El sector con más actividad durante la época navideña es el de la restauración, debido a un aumento significativo del número de reservas en los bares y restaurantes locales. Frente a este escenario, la administración autonómica ha recordado a los consumidores qué acciones son legales y cuáles no lo son en términos de gestionar reservas y eventuales cancelaciones.
La normativa vigente permite que, al concretar la reserva, el establecimiento pida un pago anticipado, con tal de que antes de confirmar la mesa se comunique el importe y las condiciones asociadas de manera comprensible y clara. Si el cliente finalmente visita el local, este importe se descontará del precio total de lo que consuma.
La Junta también ha indicado que los restaurantes tendrán la opción de cobrar tarifas por cancelar una reserva si el cliente no lo comunica con suficiente anticipación, que normalmente se determina en un mínimo de 24 horas antes del servicio. Al realizar la reserva, es necesario que se especifiquen de manera clara las condiciones, el importe y las fechas del proceso de cancelación.
Condiciones claras y derechos de los consumidores en Granada
La administración andaluza también ha señalado otros puntos importantes que tienen un impacto en el sector, tanto en Granada como en toda Andalucía: todos los recargos o tarifas adicionales deben estar claramente expuestos y explicados al cliente, y ningún restaurante tiene la autorización de cobrar cargos adicionales por manejar reservas.
Asimismo, los establecimientos no están obligados a aceptar pagos con tarjeta, aunque es bastante común; sin embargo, deben admitir pagos en efectivo hasta el límite legal de 1.000 euros y notificar previamente si no aceptan tarjeta.
La Junta también ha resaltado en un comunicado recogido por GRXactualidad el hecho de que la carta o los precios solamente se encuentren disponibles por medio de códigos QR digitales, o negarse a proporcionar agua del grifo si el cliente lo pide son actividades ilegales. Las personas que consumen tienen el derecho de quejarse o denunciar ante los servicios de Consumo en estas situaciones.
Con estas advertencias y aclaraciones, la Junta pretende asegurar que los habitantes de la comunidad autónoma conozcan sus derechos como consumidores y que los restaurantes del territorio cumplan con la normativa vigente y actúen con transparencia, sobre todo en un tiempo de gran demanda.
