Izquierda Unida ha opinado que el proyecto de presupuesto de la Diputación de Granada para 2026 «necesita una reorientación clara» para responder a las demandas reales de la provincia y la vivienda pública «debería ocupar un papel central» en la planificación provincial para los próximos años.
La diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha defendido que la empresa provincial de vivienda y suelo, Visogsa, «es la herramienta adecuada para promover vivienda asequible y para rehabilitar patrimonio en municipios con menos recursos».
«La vivienda es uno de los principales problemas de la provincia y no vemos en el presupuesto un impulso claro en esta materia. Visogsa puede y debe ser un instrumento estratégico para garantizar el acceso a un hogar digno en todos los municipios, incluidos los más pequeños», ha señalado.
Junto a ello, IU ha mostrado su desacuerdo con el «abuso de las subvenciones nominativas recogidas de nuevo en el documento presupuestario».
«Defendemos que estos recursos públicos se asignen mediante procedimientos de libre concurrencia, con criterios objetivos y abiertos a cualquier entidad que cumpla los requisitos. Es una cuestión de transparencia y de igualdad de acceso», ha afirmado la diputada.
En este sentido, IU considera que el actual sistema «limita» la competencia y dificulta que colectivos de municipios más pequeños puedan acceder a las ayudas.
Advierten desde IU que este presupuesto contempla un 51,3 por ciento de no ejecución en trasferencias a los ayuntamientos y 111 millones que no se han ejecutado, «lo que deja atrás al principal motor de la provincial que son los ayuntamientos».
El tercer eje señalado por Pérez es la «falta de ayudas directas a los ayuntamientos», una demanda reiterada por los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.
Según la diputada, el presupuesto «no refuerza los recursos para los consistorios, que son quienes atienden de forma inmediata los problemas cotidianos de la ciudadanía».
IU denuncia además que el reparto territorial de las inversiones «vuelve a beneficiar de manera preferente a los municipios de más de 50.000 habitantes», algo que consideran «inaceptable».
«Los pueblos pequeños necesitan un apoyo decidido: tienen menos personal, menos recursos y mayores dificultades para mantener servicios básicos. No podemos permitir una discriminación territorial en las cuentas de la Diputación», ha insistido Pérez.