La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado dos años de prisión para la concejala de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez, de IU, por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina del municipio, madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil. Además, pide otros dos años de prisión por presunto delito de obstrucción a la justicia.
Otra vecina también participó en el plan
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, otra vecina también está acusada por los mismos hechos. En palabras de la Fiscalía, ambas habrían actuado con un «plan previamente concertado» contra la víctima. En Pinos Puente, donde gobierna en bipartito PSOE e IU, el alcalde es el socialista Enrique Medina.
Detalles de los hechos
Los hechos habrían ocurrido sobre las 13:30 horas del pasado 14 de junio de 2023, mientras el juicio contra los familiares de las procesadas se celebraba el 4 de julio de 2024, según indica el escrito de la Fiscalía, adelantado este viernes por el diario Ideal.
Las acusadas se enfrentan a un total de cuatro años de prisión por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y lesiones. También están imputadas por un delito leve de amenazas, por el que la Fiscalía solicita una multa de 600 euros. La indemnización por responsabilidad civil está cuantificada en 4.880 euros.
Según la Fiscalía, ambas habrían aprovechado el momento en que la víctima, tras salir de la peluquería, se disponía a subirse a su vehículo, y tras decirle en tono amenazante “ahora sí, ya sí podemos”, comenzaron a agredirla con el “deseo de atentar” contra su integridad física.
El 28 de abril de 2023 ya se habrían personado en el domicilio de la víctima “movidas por el deseo de amedrentarla” y “en represalia por la actuación” de un familiar en el citado proceso judicial.
IU anuncia posibles medidas si hay condena
En un comunicado, la dirección provincial de IU en Granada ha señalado que, de dictarse sentencia condenatoria, “tomará de inmediato las medidas necesarias y oportunas”, de acuerdo con sus estatutos y código ético, y en el marco de su “compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres”.
“IU ha sido y será siempre una formación que defiende los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género y el respeto absoluto a los procesos judiciales”, y cualquier comportamiento que vulnere estos principios es “incompatible con nuestra ideología y con el ejercicio de la responsabilidad pública”, enfatiza el comunicado.
Respeto a la presunción de inocencia
El partido subraya su respeto absoluto a la presunción de inocencia de la concejala, “un principio fundamental del Estado de Derecho que debe aplicarse en todos los casos sin excepción”, sin prejuzgar los hechos ni emitir “valoraciones definitivas hasta que la justicia se pronuncie de manera firme”.
El poder judicial determinará responsabilidades
“Izquierda Unida reitera que es el poder judicial quien debe determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, las responsabilidades correspondientes”, añade el comunicado. Las medidas que IU podría tomar contra Álvarez incluyen “la suspensión de militancia, la renuncia al cargo público o cualquier otra acción que garantice la coherencia” con sus ideales y el respeto a la ciudadanía.
El comunicado concluye agradeciendo “la labor de los medios en la difusión de información veraz” y reiterando la disposición de IU a colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido.