La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado para el 1 de octubre la audiencia preliminar en la causa contra el juez ya jubilado Manuel Piñar por la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook.
La Sala ha acordado señalar esta comparecencia para el 1 de octubre de 2026 a las 9,00 horas, con citación del Ministerio Fiscal, de las partes personadas y del acusado, según ha informado este viernes a los medios el despacho Aránguez Abogados.
Esta comparecencia obedece al procedimiento judicial que se inició a raíz de la denuncia presentada en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, representada por el abogado Carlos Aránguez, contra el magistrado Manuel Piñar, que se jubiló de forma voluntaria en 2024.
El Juzgado de Instrucción 8 de Granada acordó el pasado abril la apertura de juicio oral contra él por la presunta comisión de un delito de odio, en una causa en la que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional. Piñar negó en sede judicial la autoría de las publicaciones en Facebook y enmarcó esta denuncia en una «persecución» hacia su persona.
La acusación particular solicita que el magistrado sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros, según consta en su escrito de acusación, consultado por Europa Press.
El caso se archivó en un principio y fue reabierto en 2023 por la Audiencia de Granada que, tras revisar el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, sostuvo que algunas de ellas contienen «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países, los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos».
De forma paralela, esta causa dio lugar a otras actuaciones judiciales relacionadas con el uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, vinculados al grupo de Whatsapp que el despacho Aránguez Abogados mantiene con más de un centenar de periodistas y que amplió el marco del enfrentamiento judicial entre el abogado y el exmagistrado.