El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este martes a la Junta de Andalucía y a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, actuar sobre los 1.200 pisos turísticos ilegales que ha señalado se han detectado en la capital granadina a fin de «frenar la escalada del alquiler».
Les ha pedido también, según ha informado el PSOE en una nota de prensa recogida por Europa Press tras una comparecencia ante los medios del viceportavoz del grupo municipal socialista Eduardo Castillo, que abandonen su «postura de confrontación» y «boicot» a las medidas del Gobierno de España y actúen de inmediato para regular el mercado de la vivienda
Amortiguar los “precios desorbitados”
Castillo ha instado a las administraciones del PP a intervenir sobre estas «1.200 viviendas turísticas ilegales detectadas en la capital», exigiendo que pasen al mercado de alquiler residencial para amortiguar los precios «desorbitados» que sufren las familias y los jóvenes granadinos.
También ha calificado el acceso a la vivienda como el «problema estructural más acuciante» de la ciudad y de la comunidad autónoma. «Granada es una ciudad con carencia de suelo y limitaciones geográficas para crecer. Por eso, el suelo disponible y la vivienda pública deben ponerse al servicio de un alquiler accesible, no de la especulación», ha aseverado el edil.
En este contexto, el viceportavoz del PSOE ha señalado que el Gobierno de España ha alertado a la Junta de Andalucía de «la existencia de 22.000 pisos turísticos en la región (1.200 de ellos en Granada capital)» que operan «fuera de cualquier regulación y de la legalidad en plataformas de alquiler turístico», incumpliendo los requisitos del registro estatal.
«Estamos hablando de 1.200 viviendas en nuestra ciudad que ahora mismo son ilegales como uso turístico. Si el Ayuntamiento y la Junta dejaran de boicotear la Ley de Vivienda y aplicaran la normativa, esos pisos podrían pasar al alquiler residencial habitual», ha explicado Castillo, quien ha recalcado que la medida serviría para «amortiguar la subida de precios en una ciudad donde ya es casi imposible comprar o alquilar».
”Dejadez de funciones”
En este sentido, el edil socialista ha denunciado la «falta de regulación absoluta» y la «dejadez de funciones» de las administraciones autonómica y local. «La Junta no solo no hace nada para paliar el problema, sino que permite que se suba el precio de la VPO y no promueve alquiler asequible. Su única respuesta ante los pisos ilegales es decir que el Gobierno de España no es competente, algo que la propia Comisión Europea ha desmentido», ha apuntado Castillo.
Para concluir, Castillo ha alertado sobre las graves consecuencias sociales de esta situación y ha aseverado que «la imposibilidad de acceder a una vivienda no solo genera una gran frustración, sino que desprovee a Granada de todo su talento joven».
«Muchos jóvenes que podrían quedarse en nuestra ciudad, aportando valor y futuro, se ven obligados a marcharse no solo por falta de oportunidades laborales, sino porque no pueden pagar un techo bajo el que vivir», ha condenado el edil, quien ha reclamado a Carazo y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «dejen de boicotear medidas que han demostrado ser eficaces en otras comunidades» y pongan los intereses de los granadinos «por encima de la confrontación política».