El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado al pleno de este mes de enero una moción para frenar la tramitación del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía.
Según ha informado el Grupo Municipal Socialista en una nota recogida por EP, el concejal socialista, Juanjo Ibáñez, ha calificado el texto impulsado por la Junta de Andalucía como un «ataque» a la conservación del legado histórico –primando la perspectiva de negocio y no de protección– que en el caso de Granada supone «desproteger los barrios históricos de la capital y los espacios patrimoniales que históricamente han estado salvaguardados por esta normativa».
Asimismo, Ibáñez ha explicado que la iniciativa busca instar a la Junta de Andalucía a «retirar o suspender de inmediato el proyecto legislativo para reiniciar el proceso desde el consenso real». Según el edil, la tramitación se ha caracterizado por «unas prisas innecesarias», llevándolo a un trámite de urgencia que merma la participación ciudadana.
En esta línea, el concejal ha indicado que «no podemos permitir que una ley de tal calado se apruebe de espaldas a quienes velan por nuestro patrimonio, sin una evaluación pública de la ley anterior que justifique este cambio de rumbo tan drástico».
Por otro lado, Ibáñez ha detallado que el texto de la moción nace del trabajo conjunto con colectivos profesionales y expertos en patrimonio preocupados por «las gritas que esta nueva ley deja sobre la mesa». Así, el socialista ha señalado que el punto más crítico es «la flexibilización de los controles administrativos», detallando que «la nueva norma pretende sustituir las autorizaciones previas y rigurosas por figuras como la declaración responsable o la comunicación previa, incluso en ámbitos de alta sensibilidad arqueológica».
Para el edil, esto supone «desmantelar las garantías preventivas que han salvaguardado nuestra historia» subrayando que «al eliminar la fiscalización previa se está favoreciendo que se produzcan daños irreversibles», ya que «cuando la administración quiera intervenir ante una irregularidad, el expolio o la destrucción ya se habrán consumado».
En este contexto, el socialista ha pedido la visión «mercantilista» que impregna el texto, alertando sobre el artículo que limita la interlocución exclusivamente a los colegios oficiales, dejando fuera a asociaciones profesionales de prestigio como Aproha.
Según Ibáñez, esta maniobra «silencia la pluralidad técnica para favorecer modelos de intermediación con ánimo de lucro», alejando la gestión patrimonial de su función social como bien común.
Además, la moción también pone el foco en la carga «inasumible» que se proyecta sobre las entidades locales. El concejal ha criticado que la Junta pretenda atribuir nuevas y complejas responsabilidades a los ayuntamientos –como las labores de inspección y sanción– pero «sin garantizar ni un solo euro adicional ni recursos técnicos o humanos».
De igual modo, ha afirmado que «traspasan la responsabilidad de vigilar el patrimonio sin dar herramientas, lo que, sumado a la falta de reglamentos claros, aboca a los ayuntamientos a una situación de total inseguridad jurídica». Y, ha exigido «una dotación presupuestaría para evitar lo que estamos viviendo en Andalucía».
Sin embargo, el Grupo Socialista ha mostrado su preocupación por el tratamiento que el proyecto de ley dispensa al Patrimonio Mundial y a la Memoria Democrática. Ibáñez ha abundado que sitios como el Albaicín requieren modelos de gobernanza específicos alineados con los criterios de la Unesco, algo que la nueva ley «diluye peligrosamente».
Finalmente, ha lamentado que la protección del patrimonio vinculado a la Memoria Democrática quede relegada a un segundo plano, advirtiendo de un «retroceso ideológico» que «degrada» estos bienes a inventarios secundarios. «Granada no va a ser cómplice del desmantelamiento de su propia identidad cultural», ha concluido el concejal.