La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha realizado este martes un análisis del proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, del PP, el cual desde el grupo municipal socialista han indicado que está «cuadrado a base de multas y deudas con los bancos».
Tras analizar el expediente junto a su equipo económico, Ruz ha asegurado que las cuentas suponen «la vuelta a las viejas fórmulas del Partido Popular y a los mismos errores del pasado, caracterizados por más multas, más endeudamiento y una gestión ineficiente que tiene que ser rescatada por el Gobierno de España».
Según ha informado el PSOE en una nota de prensa recogida por EP, la portavoz del PSOE ha explicado que, en los dos ejercicios anteriores, el Ayuntamiento «evitó el déficit y el incumplimiento del plan de ajuste únicamente gracias a las liquidaciones extraordinarias transferidas por el Estado, ya que la gestión municipal por sí sola no alcanzaba para cubrir gastos básicos como las nóminas».
«Irreales y repiten los errores»
Así, en el capítulo de gastos para 2026, Ruz ha alertado de que las cuentas «son irreales y repiten los errores de 2025» y ha incidido en que, en octubre de este año, «ya no había dinero para pagar las nóminas, lo que obligó a aprobar un suplemento de crédito de siete millones de euros detrayendo fondos de las escuelas infantiles».
La dirigente socialista ha vaticinado que este presupuesto «comete el mismo error, faltando dinero para sueldos y salarios», por lo que ha advertido que en octubre de 2026 en el equipo de gobierno local «volverán a tener el mismo problema».
«Pagar facturas atrasadas»
Sobre el transporte público, Ruz ha apuntado que el aumento de dos millones servirá «sólo para pagar facturas atrasadas, mientras el nuevo contrato sigue metido en un cajón, generando un sobrecoste millonario y leonino para las arcas municipales».
Ruz ha denunciado públicamente también que el presupuesto confirma las sospechas de su grupo respecto a que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) «no tiene una finalidad ambiental, sino puramente recaudatoria».
La edil ha detallado que las cuentas prevén «un aumento del 22 por ciento» en la recaudación por sanciones de tráfico, lo que se traduce en «dos millones de euros extra derivados directamente de las multas de la ZBE». Para la portavoz socialista, el gobierno local basa su aumento de ingresos en «meter la mano en el bolsillo de los granadinos».
Asimismo, el grupo municipal socialista ha lamentado que el gobierno local «rompa la tendencia de reducción de deuda iniciada por el PSOE y tenga que recurrir a un préstamo de 5,2 millones». Ruz ha señalado que el PSOE en su última etapa al frente del Ayuntamiento, el pasado mandato, «logró reducir la deuda municipal de 300 a 120 millones de euros, mientras que la señora Carazo vuelve a endeudarse para poder hacer frente a un plan asfáltico, demostrando que sin bancos no hay gestión».
«Corregir la plana al equipo de gobierno»
Por otro lado, ha apuntado además a que el Ministerio de Hacienda «ha tenido que corregir la plana al equipo de gobierno, obligándoles a ajustar cinco millones de euros de ingresos que ha calificado de ficticios e irreales». La portavoz ha señalado que «se habían sacado de la manga un plan de inspección a empresas para crujirlas a impuestos», pero desde el Ejecutivo central, en el marco de su potestad por el plan de ajuste, «les ha dicho que esa previsión era totalmente irreal».
Finalmente, Ruz ha señalado que desmontaba «el triunfalismo sobre el aumento en dependencia», afirmando que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, «no pone ni un euro, ya que todo viene de la Junta y el Estado», y ha alertado de que «el problema más grave es que no aumentan el personal de Derechos Sociales para gestionar esos 20 millones extra».
En este sentido, ha proseguido advirtiendo de que, «si ya están colapsados, no podrán tramitar el doble de expedientes, por lo que el dinero se quedará sin ejecutar y los dependientes seguirán esperando».
Frente a estas cuentas, el PSOE ha tendido la mano al PP para «proponer mejoras, exigiendo inversiones reales en los barrios para que el plan asfáltico y de obras llegue a todos los distritos olvidados»; pidiendo consenso en la Capitalidad 2031 para que la inversión cultural se decida con el sector; y urgiendo a «agilizar el contrato de transporte para detener la sangría económica que supone la prórroga actual».