La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha vuelto a señalar para finales del próximo abril el juicio en la Real Chancillería contra el que fuera alcalde de Otura por el PP Ignacio Fernández-Sanz por supuesto fraude a finales de 2007 en la tramitación del expediente del servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria y de dependencias municipales causando un perjuicio económico al Ayuntamiento de este municipio del cinturón granadino de más de 250.000 euros.
El juicio fue aplazado inicialmente para el pasado 13 de noviembre después de que a finales del mes de junio anterior, cuando estuvo previsto en un primer momento, el abogado de Fernández-Sanz renunciara por diferencias no sólo «profundas» sino «irreconciliables». Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que, tras ser aplazado por motivos de agenda de letrados de las partes a mediados de este enero, se ha vuelto a posponer en principio para finales de abril por esta misma razón.
Fernández-Sanz se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación. Se lo juzgará con otros seis procesados, ediles en ese momento del PP y de Grupo Independiente de Otura, por la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación en concurso con otros dos de malversación de caudales públicos y continuado de prevaricación tras estos hechos, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
El ministerio público detalla en su escrito de conclusiones provisionales que los procesados «de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud» habrían adoptado acuerdos «en los que se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios».
La memoria justificativa para el expediente de contratación a través del procedimiento abierto por el sistema de concurso se presentaba el 21 de noviembre de 2007, así como los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas.
Se señaló como precio de licitación los 1,6 millones de euros anuales (IVA incluido) «y fue remitido a la Intervención municipal para la emisión del preceptivo informe», especifica el fiscal.
En un informe de 22 de noviembre, un día después, la Intervención efectuaba dos reparos a la contratación: «el primero, por falta de consignación presupuestaria» y el segundo en relación con que no habría habido «ningún estudio económico que justificara el coste de la ejecución del servicio».
En esa misma fecha, la Secretaría municipal informaba de que no era «posible la apertura del procedimiento de contratación» hasta que no se subsanaran ambas cuestiones.
Ratificándose la Secretaría en este mismo posicionamiento en otro informe de 24 de enero de 2008, un día después, en pleno del Ayuntamiento «y pese a los reparos reseñados» fue aprobada la contratación «por cinco votos a favor de los concejales del PP» y tres del Grupo Independiente de Otura. Cinco de estos ediles están entre los procesados y se enfrentan como Fernández-Sanz a cinco años de prisión y ocho de inhabilitación.
El adjudicatario quedaba «obligado, entre otras cosas, a asumir los medios materiales» que enumera el fiscal, como son un camión, una barredora, 259 contenedores de basura de 800 litros de capacidad y otros 38 de 240, los cuales «debían revertir al Ayuntamiento» según el pliego de cláusulas administrativas del contrato.
Conclusiones provisionales sobre el caso
A consecuencia de ello, prosigue el ministerio público en sus conclusiones provisionales sobre el caso, «se firma un contrato entre el adjudicatario y único licitador» y el entonces alcalde, que menos de dos más tarde, «sin justificación alguna», habría convocado un pleno extraordinario para la rescisión del contrato y el rescate del servicio.
La sesión plenaria, señala el fiscal, «se lleva a cabo sin haber sido evacuados los preceptivos informes de la Intervención municipal, de los servicios técnicos» y de la Secretaría «siendo advertidos los concejales presentes de la falta» de los mismos al comienzo del pleno. Son estos ediles, los siete procesados incluyendo al alcalde, los que aprueban «el acuerdo de rescisión», añade la acusación pública.
En ejecución de ello, Fernández-Sanz habría suscrito, «sin tramitar expediente alguno» y «con ausencia total de procedimiento», un convenio de resolución del contrato supuestamente «con la finalidad de beneficiar al contratista y con la misma fecha del pleno».
Ello, agrega el fiscal, haciendo constar que el acto se lleva a cabo en presencia de la Secretaría pese a que su representante «ni conoce el documento ni, en consecuencia, tiene intervención en el mismo».
Cese del servicio
Igualmente habría hecho constar el entonces alcalde «que el servicio ha dejado de prestarse el 14 de noviembre si bien el mismo se firma el 5» de ese mismo mes, y efectuado, en el acuerdo de liquidación, «un reconocimiento de facturaciones pendientes a fecha 31 de octubre de 2010 por importe» de más de 2,5 millones de euros.
También «el reconocimiento a favor de la mercantil por resolución anticipada del contrato de una indemnización por daños y perjuicios de 800.000 euros» y el compromiso, «en nombre del Ayuntamiento, a entregar» un camión como el recogido en el contrato «en compensación por la entrega de los contenedores de carga lateral cuyo valor se fija en 88.175 euros», todo ello también «sin que exista informe de la Intervención».
El alcalde se habría comprometido también entonces «a quedarse con el resto de activos, renunciando a las reclamaciones que pudieran corresponderle por tal motivo a excepción de unos contenedores de carga trasera», que, según hacía constar, relata el ministerio público, le habían «sido entregados al Ayuntamiento pese a no constar el acta de recepción de los mismos».