El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha defendido este martes en sede judicial la legalidad del proceso de inspección que derivó en el cierre de una fábrica cárnica en Cájar, la cual fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes.
En declaraciones a los medios tras su declaración en el edificio de La Caleta, a la que con otros seis cargos y técnicos ha sido llamado como investigado para la preservación de sus derechos desde este pasado jueves, Sánchez-Montesinos ha indicado que fue el proceso «normal que se realiza por parte de la inspección» conforme a lo que estipula la normativa para estos casos en los que desde la Administración se está pendiente de «algo tan importante» como es la «prevención y la protección de la salud pública», tal y como demostró la crisis sanitaria de la covid-19.
También ha explicado el delegado que su declaración la ha prestado desde el «privilegio» que supone para él estar en el «servicio público» y «de los demás» en una materia como es la de «preservar la salud pública de la que tanto» se habla y más en un «tema delicado como es» el de la alimentación, un ámbito en el que ha resaltado el trabajo «excelente» de «todo el equipo de la Delegación» de Sanidad y del Servicio Andaluz de Salud y demás departamentos con competencias en una materia que afecta a todos, ha detallado Sánchez-Montesinos, en referencia a niños, jóvenes, adultos y mayores.
Han sido dos los llamados a declarar este martes por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada tras los cinco que lo hicieron la semana pasada. Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press el pasado jueves, todos continuaron en libertad tras sus declaraciones y sin medidas cautelares. Este martes había inicialmente previstas otras tres si bien una de ellas se suspendía tras el sobreseimiento para uno de los investigados, a petición de la Fiscalía.
Fuentes consultadas en la empresa por Europa Press resaltaron el hecho de que en sus declaraciones del jueves, en las que no participó la Fiscalía, los investigados respondieran a las preguntas de sus letrados pero se acogieran a su derecho a «no contestar» a las de la representación legal de la propiedad de la compañía, la cual, en todo caso, se mostraba confiada en «la justicia que sea capaz de esclarecer las cosas».
Estas mismas fuentes cuestionaron los testimonios que dieron en sus declaraciones los inspectores citados y apuntaron también a que justo el jueves pasado se cumplían dos años desde que está «la empresa precintada y cerrada» sin que, agregaron, «se haya hecho caso a las directrices que marcó la Subdirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en su videoconferencia del 9 de noviembre de 2023».
Desde la Junta, contra la que también fue la querella por su posible responsabilidad civil subsidiaria, se indicó a Europa Press a finales del pasado junio, cuando trascendieron las citaciones a los cargos de Salud y desde el respeto al proceso judicial, que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó «siempre en el marco de la responsabilidad que tiene respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y también de garantía de las empresas».
La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, y delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
También por supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según especificaron en su día fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.
Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que había abierto diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de la puesta en el mercado de productos que fueron inmovilizados cautelarmente por el citado resultado laboratorial.
Fue a finales de octubre de ese mismo año cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano de la puesta en el mercado de los productos que fueron inmovilizados.
No constaron afectados en relación con esta alerta alimentaria si bien la Junta informó en ese momento en una nota de prensa, los productos habían sido distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como en un establecimiento ubicado en Islas Baleares.
Posteriormente se conoció que la Junta había reforzado los controles en la cárnica, en el marco de esta investigación en la que colaboró la Guardia Civil y conllevó en un primer momento a la limitación de la actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras un primer cierre de su actividad al detectarse en algunos de sus productos presencia de listeria monocytogenes.