Dos de los cuatro procesados a los que un jurado declaró culpables por el conocido como crimen de Los Yesos, en el que murieron degollados tras ser torturados el dueño de una finca de este enclave del término municipal de Sorvilán, en la comarca de la costa de Granada, y la que era su compañera sentimental, que también fue agredida sexualmente, han sido condenados a prisión permanente revisable por el asesinato de esta última. Es la primera vez que se impone esta pena máxima en la provincia de Granada desde que quedara recogida en el Código Penal en 2015.
Estos dos condenados con prisión permanente revisable son dos jóvenes de 29 años de nacionalidad marroquí y en situación irregular en el momento de los hechos, el 20 de abril de 2022, quienes reconocieron el asesinato del dueño y de su compañera sentimental tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última. La condena por este último hecho ha conllevado la imposición de la pena máxima por el asesinato, en los términos que recoge la ley, y según apunta la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La sentencia, de fecha 12 de diciembre y contra la que cabe recurso, especifica que «no solo concurren dos circunstancias de específica agravación» de las contempladas en el Código Penal «sino que su muerte fue precedida de un delito de agresión sexual». Por dicha razón, «es inexorable la imposición de la pena de prisión permanente revisable para los acusados» mencionados en tanto «autores materiales del citado delito de agresión sexual» y en la línea de lo que solicitaba la Fiscalía para ambos.
En cuanto a los otros dos procesados, españoles de 32 y 22 años, para el primero de ellos el magistrado presidente del tribunal impone penas por un total de 59 años y tres meses de prisión, y para el más joven, de 52 años y nueve meses. Se señala en sus casos como periodo máximo de cumplimiento de las penas impuestas el de 40 años. En relación con los nacionales marroquíes suman a las condenas de prisión permanente revisables, otras por un total de 44 años y tres meses de cárcel.
Los miembros del jurado de este caso emitieron el pasado 19 de noviembre su veredicto de los cuatro procesados por la comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, y tenencia ilícita de armas, todos ellos con la agravante de disfraz. También de un ilícito contra la seguridad vial por el que a uno de los condenados a prisión permanente revisable se le condena a pago de 2.160 euros de multa. El grueso de los hechos fueron cometidos según se desprendió de su lectura en la Real Chancillería de Granada «de común acuerdo».
Al respecto, la sentencia recoge que «debe partirse de que los acusados» ahora condenados con prisión permanente revisable admitieron en el juicio «todos los hechos objeto del escrito de acusación», a excepción de la agresión sexual y «el propósito lúbrico en los reconocidos tocamientos» por ambos.
«Los dos citados acusados, bien es cierto que cambiando parcial, pero significativamente, sus versiones sumariales, han admitido, durante el largo interrogatorio de las partes, todos los hechos, con la salvedad dicha, y han afirmado que los cuatro acusados estuvieron de acuerdo en todos y cada uno de ellos», agrega.
Conforme a lo que expusieron en sus declaraciones ante el jurado popular, la sentencia de la Audiencia de Granada recoge que uno de ellos admitió ser el autor material de la muerte del hombre mientras que el otro «reconoció ser quien materialmente dio muerte» a la que era la compañera sentimental del dueño de la finca.
Recoge que, «sin antecedentes penales computables» y «con ánimo de ver incrementado su patrimonio y tras haberlo ideado días antes», decidieron de común acuerdo acudir al cortijo con el propósito de sustraer cuanto «de valor hubiese».
Esa misma tarde del 20 de abril de 2022, desde el domicilio de los dos nacionales marroquíes en Castell de Ferro, también en la costa granadina, «salieron sobre las 18,30 horas a bordo del vehículo de un amigo de estos últimos».
Todos los acusados vestían ropas oscuras para pasar desapercibidos e iban provistos de pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola artesanal, objetos que portaba en un mochila uno de estos dos últimos y «de cuya existencia eran todos ellos conocedores», prosigue la sentencia, conforme a lo que se declaró probado con el jurado tras la vista oral.
Una vez llegaron al cortijo, sobre las 19,00 horas y encontrándose ausentes sus moradores, los acusados se introdujeron en su interior. Tras colocarse los guantes para no dejar huellas, «rebuscaron en sus distintas dependencias con la finalidad de hacerse con dinero o con cualquier objeto de valor».
Sobre las 20,00 horas, llegó el hombre a su cortijo conduciendo su furgoneta. Los ahora condenados, «ocultando sus rostros con los pasamontañas y armados con los machetes, el revólver y la pistola artesanal, salieron a su encuentro, forcejando con aquel para obligarle a que entrase en el inmueble».
«Tras introducirlo a la fuerza dentro del cortijo, los acusados lo amenazaron, lo ataron con la cinta adhesiva de pies y manos, lo sentaron en una silla y le taparon con una prenda de vestir la cabeza». Después de exigirles sin éxito que «les entregase dinero», con «reiterados golpes con las manos y con los machetes» y amenazas de muerte, llegaba en unos 20 minutos su compañera sentimental.
«De igual forma, la sentaron en una silla, espalda con espalda» a la de su pareja y «le ataron pies y manos y cubrieron su cabeza con un trapo». Los hechos se prolongaron entonces durante más de hora y media. En un momento determinado se apoderaron del bolso de ella, «en el que portaba 120 euros en efectivo y varios décimos de lotería».
EJECUCIONES DEGOLLADOS
Después de ejecutar en la bañera al hombre «entre los cuatro acusados envolvieron en el cuarto de baño su cadáver en un edredón y lo trasladaron a la parte trasera de la furgoneta». Con ella, y «a fin de no dejar testigos de los hechos cometidos y así evitar ser descubiertos», y tras agredirla sexualmente, en unos hechos por los que los españoles quedan condenados como cómplices, decidieron «acabar también con su vida» en similares términos, esto es, degollándola.
También trasladado su cadáver envuelto en una manta a la parte trasera de la furgoneta del hombre, «los acusados limpiaron el cortijo para evitar que quedase en la vivienda cualquier rastro de sangre o indicios de su presencia» y «sustrajeron los móviles y la documentación personal» de ambos «así como varios aparatos eléctricos (una radial, una lámpara y un aparato de aire acondicionado), unas zapatillas» del varón, y varias prendas de ropa y comida.
Para deshacerse de ambos cadáveres, los acusados condujeron la furgoneta «durante un kilómetro aproximadamente. Se detuvieron en un barranco ubicado en una zona superior del cortijo. Desde allí, manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados».
La Fiscalía, en este caso, pedía más de 60 años de prisión para los acusados nacionales, en similares términos que para los marroquíes, a los que sumaba la de prisión permanente revisable. En su informe final, el fiscal pedía al jurado que diera una «respuesta contundente» a unos hechos «tremendos» y «muy crueles» y «fríos», que fueron «injustificados». En la misma línea lo pedían las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, que interesaban ambas una petición total de 68 años y medio de prisión para cada uno de estos cuatro procesados.