El Ayuntamiento de Granada ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un expediente disciplinario abierto en el seno de la Policía Local en relación con supuestas prácticas de agentes acerca de la gestión de multas de tráfico en esta ciudad andaluza, según ha dado a conocer este miércoles el equipo de gobierno municipal, del PP, después de que el PSOE haya promovido una comisión extraordinaria de Protección Ciudadana sobre su responsabilidad política en este asunto.
Según expone el orden del día de la comisión, que pedía la comparecencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y del portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, que no han comparecido, junto con la concejal de Protección Ciudadana, Ana Agudo, que ha sido la responsable de exponer el punto de vista del Ayuntamiento en esta reunión, se trataba de ver si hubiera habido «orden» de «retirar multas a personas pertenecientes al PP y cargos públicos del mismo».
En un audio remitido a los medios, Saavedra ha apuntado que era la semana pasada cuando esta información reservada, derivada de un primer expediente de información, se ponía en conocimiento de la Fiscalía, y ha detallado que las últimas multas denunciadas públicamente fueron «pagadas».
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno ha activado el «botón del pánico» utilizando un subterfugio legal para «vetar la comparecencia de la alcaldesa y los concejales implicados», según ha detallado el PSOE en nota de prensa recogida por EP tras una comparecencia informativa de esta edil.
Según ha explicado Ruz, la intención de los populares ha sido «evitar a toda costa» que Carazo, el concejal de Presidencia, Jorge Saavedra, y la edil de Protección Ciudadana, Ana Agudo, respondan a cuestiones recogidas en la investigación policial sobre los supuestos intentos de «retirar multas a familiares del equipo de gobierno y dirigentes del Gobierno andaluz, mientras que al resto de granadinos y granadinas los fríen a multas».
La portavoz aludía en su comparecencia informativa a un informe interno de la Policía Local recomendando elevar los hechos a la Fiscalía ante la sospecha de delitos, por lo que sentenciaba que si la alcaldesa, «teniendo conocimiento», no había «ido al juzgado», sería el PSOE quien lo hiciera para «limpiar el nombre» del cuerpo de seguridad municipal.
A petición del grupo municipal socialista este miércoles estaba convocada esta comisión, en la que se han votado las comparecencias solicitadas, denegadas con los votos del PP, en los casos de Carazo, Saavedra y Agudo, la cual ha comparecido pero no en los términos que solicitaba el PSOE.
El nombre del también primer teniente de alcalde lo ha puesto Ruz sobre la mesa en la comisión como secretario general popular en la provincia para preguntar si trasladaba instrucciones al anterior edil de Protección Ciudadana con esta formación el mandato pasado, César Díaz, apuntando también al «famoso chat llamado KGB» con cargos y agentes de la Policía Local, que la portavoz socialista ha señalado queda recogido en informes de la UDEF, que practicó registros en el marco de la investigación que se sigue por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna del cuerpo, con más de 40 investigados.
Ruz, que ha hablado de «la peor crisis» en la historia del cuerpo y que también ha mencionado el caso Viogen, ha comenzado su intervención apuntando a «desde cuando sabía» la alcaldesa que «había una investigación abierta» contra el anterior jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y por qué «se mantiene en su puesto» y no se le «destituye de forma fulminante tras la publicación de los audios» en los que se apuntaban a «ilícitos presuntamente» en relación con la gestión de multas.
En presencia del jefe de la Policía Local, Rafael Domingo, que llegaba a la dirección del cuerpo tras un proceso de selección que se abría tras la renuncia de Jiménez Avilés después de los primeros registros de la UDEF en dependencias policiales por los supuestos amaños, Raquel Ruz ha lamentado que con su actuación el equipo de gobierno continúe a su parecer «manchando el honor y la imagen», también «manteniendo a los agentes presuntamente vinculados» con prácticas de supuesto acoso a un agente que se habría negado a las supuestas exenciones de multas.
La viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Mónica Rodríguez Gallego, ha aludido también al expediente que se abría por si había habido acoso contra un agente por haberse al parecer opuesto a estas supuestas prácticas, las cuales «han pasado desde hace mucho tiempo» y ha pedido en cualquier caso, y con respeto a lo que pueda dictaminar la justicia, «no manosear más este tema» que llevan a «degradar el nombre» de la Policía Local.
Agudo ha aludido a la «sarta de mentiras» que en su opinión ha articulado Ruz en la comisión extraordinaria de este miércoles y ha resaltado que ya compareció en pleno sobre este asunto, partiendo de la base de que «todos estos procedimientos están judicializados».
La edil de Protección Ciudadana ha afeado en este sentido al PSOE el «estar todo el día embarrando» en nombre de la Policía Local y el «intentar arrastrar» a Carazo «a ese barro» lo que en su opinión es «absurdo» y no es leal. El equipo de gobierno trabaja, ha agregado Agudo, con «transparencia» y apuesta por que «el que la haga que lo pague», emplazando a Ruz a llevar las pruebas que pueda tener en relación con los hechos que critica a la Fiscalía.
Tras la comparecencia de Agudo se denegaba la petición de la misma, con los votos populares, en los términos que el PSOE pedía, y que eran, conforme al orden del día de la comisión, consultado por Europa Press, «por su presunta implicación política en las órdenes de retirada de multas a cargos del PP, así como su conocimiento de irregularidades en los procesos de selección y demás ilícitos investigados en los sumarios». También por «su presunta implicación en la trama de denuncias falsas contra el inspector de Tráfico, que da lugar al expediente de acoso laboral contra el señor Jiménez Avilés».
Sitag demanda al Ayuntamiento de Granada
En otro orden de cosas, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada (Sitag) ha anunciado este miércoles en nota de prensa recogida por EP que ha solicitado la anulación del acuerdo por el que «se incrementa la productividad de la Policía Local a 140 euros con efectos retroactivos al 26 de abril» a la par que ha solicitado una indemnización por supuestos daños morales.
El pasado 10 de octubre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada aprobó el incremento de la productividad de la Policía Local a 140 euros, «estableciendo además dicho incremento con carácter retroactivo al pasado 26 de abril», ha precisado el Sitag.
Previamente, se celebró la correspondiente mesa general de negociación el 25 de septiembre, donde fue rechazada la propuesta del incremento por una mayoría sindical. En dicha mesa el Sitag ha detallado que no sólo se opuso a dicho incremento con carácter retroactivo, sino que denunció que «la negociación era ficticia, ya que previamente se había negociado con sindicatos policiales y alcanzado acuerdo con uno de ellos».