La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado una propuesta a petición de la asociación de mujeres La Volaera que se debatirá este viernes en el pleno del Ayuntamiento para exigir al Gobierno «máxima transparencia y garantías» con la «adopción de medidas urgentes» tras conocerse el fallo técnico que habría afectado al funcionamiento de los dispositivos de control del sistema de seguimiento por medios telemáticos utilizados para supervisar el cumplimiento de las medidas de alejamiento en procedimientos de violencia de género.
Según ha resaltado la alcaldesa en una nota de prensa recogida por EP, «el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, ni silenciar este debate ni tolerar que cualquier fallo técnico comprometa y ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de unas mujeres que se encuentran protegidas por medidas judiciales», por lo que exigirá al Gobierno «explicaciones claras» y «medidas contundentes» que garanticen la protección de las víctimas.
Tal y como aparece reflejado en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la protección de las mujeres víctimas de violencia de género es «una obligación legal y política», ha detallado.
Los fallos detectados en la herramienta diseñada para alertar sobre posibles incumplimientos de aproximación del agresor en tiempo real suponen, por tanto, «un grave incidente que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad de las víctimas».
Reunión con la asociación La Volaera
Tras una reunión con la presidenta de la asociación La Volaera, María Martín Romero, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes, 25 de noviembre, la alcaldesa ha aseverado que el Ayuntamiento demandará a los ministerios de Igualdad, de Interior y de Justicia una auditoría externa y la emisión de «un informe público, exhaustivo y detallado sobre las causas del fallo de los dispositivos, así como su alcance, el número de víctimas potencialmente afectadas en Granada y las actuaciones adoptadas desde la detección de la incidencia».
Igualmente, exigirá la asunción de responsabilidades políticas ante una «evidente falta de control, supervisión y capacidad de reacción». La alcaldesa también ha señalado que el Ayuntamiento solicitará igualmente al Gobierno «el refuerzo urgente de los protocolos de mantenimiento, supervisión y verificación de los dispositivos, fijando estándares mínimos de control, auditorías periódicas obligatorias y tiempos máximos de respuesta ante incidencias», así como el impulso de un plan nacional de modernización tecnológica del sistema de seguimiento por medios telemáticos, dotado de «financiación suficiente», para «garantizar su fiabilidad y actualización continua».
«La sociedad entera, y por supuesto las instituciones, debemos ir a una en el compromiso global con la protección de las víctimas de violencia de género, así como en exigir máxima transparencia, diligencia y rigor en la gestión de todos los sistemas destinados a garantizar su seguridad», ha concluido la regidora.
«Tortura institucional brutal»
Por su parte, María Martín Romero ha tenido palabras de apoyo para todas aquellas víctimas que llevan ya demasiado tiempo «quejándose del mal funcionamiento de los dispositivos, con una situación de vulnerabilidad extrema, jugándose la vida junto a sus hijos y con una tortura institucional brutal por parte de la ministra de Igualdad», Ana Redondo.
«Si la máxima responsable del Estado en materia de igualdad no tiene sensibilidad con lo más vulnerable de esta sociedad, que son las víctimas de violencia, ¿con quién vamos a tener esa seguridad?», ha manifestado esta activista que, en la última visita de Redondo a Granada, la increpó, al hilo de los fallos en las pulseras antimaltrato, acusándola de ser «cómplice de los asesinos y de los maltratadores» mientras atendía a los medios a la entrada de la Facultad de Derecho antes de clausurar el VIII Congreso Internacional Género y Derecho.