La Asociación de Mujeres La Volaera, entidad comprometida contra la violencia machista de Granada, ha realizado un exhaustivo estudio sobre la licitación que oferta la contratación pública para gestionar el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Los resultados son cuanto menos preocupantes. Y es que, tal y como cuenta María Martín Romero, su presidenta, “hemos detectado insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias. Es intolerable e indignante la tortura institucional y la dejadez con que este ministerio vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores”.
Gracias al detallado trabajo del departamento técnico-jurídico de la asociación granadina se han detectado graves carencias en la licitación que concluye el próximo 6 de marzo. “Lo detectado pone de manifiesto la mala praxis y las consecuencias de ello. Cualquier licitación tiene que describir con precisión absoluta los requisitos tecnológicos y que los mismos estén plenamente actualizados. Resultan preocupantes las deficiencias de planificación técnica como la exigencia de cumplimiento en base a una legislación derogada o que el plan de transición sea incoherente con el pliego de 2023 que hemos encontrado”, añade Martín Romero.
La lista de los errores ministeriales
Según informa la asociación en un comunicado remitido a GRXactualidad, estas son las deficiencias detectadas por el equipo voluntario que ha realizado el estudio:
Desprotección de las usuarias en zonas rurales o de montaña por no pedir dispositivos con cobertura satelital
“Dentro de lo detectado lo más grave es que la nueva licitación, pese a contar con presupuesto suficiente para esta mejora, desprotege a un conjunto de víctimas al no exigir soluciones de cobertura satelital. Es como hacer víctimas de primera y de segunda clase. Tienes mala suerte si no vives en dónde tengas buena cobertura”. La advertencia de la presidenta de La Volaera es porque a pesar de que la tecnología 3GPP Release 17 (ya implantada por operadores de telefonía móvil de la Unión Europea y que en España está en plena eclosión) la llevan multitud de dispositivos móviles.
“Lamentablemente aquí no se exige. El pliego solo requiere cobertura terrestre y en el caso del dispositivo de la víctima, tecnología de cobertura móvil de hace más de una década. Es un auténtico disparate que contándose con tecnología que permite la localización de víctimas y agresores de violencia machista en cualquier parte del territorio nacional, el Ministerio no la haya tenido en cuenta en la definición de requisitos de los dispositivos, poniendo en riesgo la salud o integridad de la víctima u obligando a los órganos judiciales a encarcelar a los agresores, disponiendo de medidas menos drásticas de protección”, añade.
Incongruencia normativa en contratos de alta cuantía
“La Volaera considera inaceptable que en una licitación con un presupuesto base de 71.369.269,41 €, el Ministerio de Igualdad cometa errores tan burdos como exigir el cumplimiento de legislación derogada (RD 3/2010) en lugar del vigente Real Decreto 311/2022 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), originado por utilizar modelos de documentos anticuados. “Esto es incomprensible en una contratación de este tipo en el que la seguridad de la información es crítica en la vida de las usuarias”, dice Martín.
Negligencia grave en la planificación de la transición
“Si bien esta Asociación ha visto que en la redacción de la nueva licitación se solicita un cambio disruptivo al exigir a la nueva empresa adjudicataria desarrollar un nuevo programa informático para monitorizar las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor, el plazo de cumplimiento es erróneo. Y es que el Ministerio ofrece a la adjudicataria la posibilidad de ampliar el periodo de transición con la actual empresa hasta los seis meses, pero no tiene en cuenta que a la UTE Vodafone-Securitas solo se le puede exigir contractualmente la subcontratación y colaboración durante un máximo de tres meses desde la finalización de su contrato. “Esta discrepancia evidencia un desconocimiento de las limitaciones del marco contractual vigente y pone de nuevo en riesgo la continuidad de la protección de las víctimas durante el traspaso de poderes”.
Contradicción en la gestión de potestades públicas
“El departamento técnico-jurídico de La Volaera ha detectado también la existencia de una brecha entre el discurso de titularidad pública y la realidad operativa del servicio, donde se han externalizado funciones nucleares que debería ejercer estrictamente personal de la Administración Pública. “La recepción de resoluciones judiciales, la gestión de altas o bajas en el sistema y la elaboración de informes probatorios para juzgados y fiscalía por parte del personal de una empresa privada no solo pone en peligro el saber de la Administración, sino que vulnera el Principio de Minimización de Datos (Art. 5 RGPD). En palabras llanas significa que se permite el acceso de personal de una empresa privada a datos de salud y condenas penales sin un filtro administrativo previo”, subraya María Martín Romero.
Vulneración de la igualdad de trato por falta de definición técnica de requisitos
“Para finalizar la presidenta destaca que el pliego incumple el deber de definir detalladamente los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad para que las empresas licitadoras puedan evaluar la viabilidad económica de su oferta, los recursos necesarios y poder acudir en igualdad de trato al procedimiento de contratación como exige la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. “En su lugar, exigen a la nueva adjudicataria responsabilizarse de definir el alcance de la solución junto a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desarrollarla y tenerla operativa en 60 días desde la firma del contrato. Tarea altamente improbable técnicamente salvo para la actual adjudicataria, la UTE entre Vodafone-Securitas. Así cualquiera puede pensar que quieren que el nuevo contrato siga en manos de la actual adjudicataria”.
Con todo lo detectado la presidenta de La Volaera considera que “es evidente el interés del Ministerio de Igualdad por quitarse de encima la protección de las usuarias de este servicio tan crítico. Se pone de perfil en la gestión diaria del Sistema de Protección Telemática, sin intervención directa en las comunicaciones con órganos judiciales o fiscalía. Su desidia en la elaboración del pliego, cometiendo errores groseros como la utilización de legislación derogada, establecer un periodo de hasta seis meses para el cambio total de la empresa adjudicataria -cuando no puede exigirse a la actual proveedora- o desconocer cómo debe funcionar el Sistema de Protección de las víctimas de violencia machista, requiriendo a la nueva contratista que lo defina detalladamente, es para echarse a llorar”.
Para finalizar, la presidenta de La Volaera recalca en este comunicado que la voluntad de su Asociación “es seguir defendiendo a las víctimas tanto de los agresores como de las Administraciones Públicas que, con sus acciones, ejercen tortura institucional. Recordemos que, a principios de febrero, presentamos una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por los fallos detectados con las pulseras que según la ministra funcionan a la perfección”.