La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado al que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín por el PP entre los años 2003 y 2007, Manuel F.M., a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación, con pago de multa de 1.800 euros, por delitos continuado de cohecho en concurso medial con otro de malversación, y de prevaricación administrativa en concurrencia con otro de prevaricación urbanística, tras la conformidad alcanzada entre las partes en las piezas separadas Novosur y Marchalendín de la macrocausa del conocido como caso Marchelo.
La Fiscalía y las defensas de varios de los acusados avanzaron el pasado febrero en la firma de acuerdos de conformidad con los que evitaban ir a juicio en dos de las piezas separadas en las que la Audiencia de Granada dividió esta macrocausa cuya instrucción se ha prolongado más de 15 años. Ese mes se decretaba el archivo para el que fuera alcalde de Alhendín por el PP José Guerrero.
Una de estas piezas está vinculada a las supuestas irregularidades en la edificación de la Urbanización Novosur, cuyas obras llegaron a ser paralizadas por el Ministerio de Defensa tras detectarse que los edificios invadían las servidumbres de la Base Militar de Armilla. La otra pieza es la que gira en torno a presuntas irregularidades en el polígono industrial de Marchalendín.
Afectaron a más de una decena de acusados entre empresarios, técnicos y políticos que se enfrentaban a penas de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida. Con la sentencia, consultada por Europa Press, cuatro de los que quedaban procesados resultan absueltos.
Con el exedil de Urbanismo hay otros cinco condenados a, entre otras, penas de un año de prisión. «Los acusados, se concertaron para desarrollar urbanísticamente la zona acomodando las normas, actuaciones y resoluciones municipales a los fines del proyecto empresarial, quebrantando con ello, de forma grave y palmaria, las normas urbanísticas así como apartándose del recto funcionamiento de los órganos municipales», señala la sentencia de la Audiencia, de fecha 23 de mayo.
PIEZA DE LA GASOLINERA
Por otro lado, la pieza separada del caso Marchelo sobre presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín irá a juicio después de que las defensas y las acusaciones no alcanzaran un acuerdo durante la comparecencia fijada para ello en febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, según detallaron a Europa Press fuentes del caso.
Las partes cerraron de hecho la sesión con la firma de un acta de disconformidad por diferencias existentes en la cuantía de las indemnizaciones que solicita la acusación particular ejercida por un empresario por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la construcción presuntamente ilícita de esta gasolinera en la Avenida de Andalucía, después de que a él se la denegaran previamente por tratarse de un terreno residencial.
La causa quedaba así pendiente de la fecha de juicio y en ella están acusados el que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín en el momento de los hechos; Manuel F.M; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera. También estaba acusado el alcalde de Alhendín en ese momento, José Guerrero, para el que la Audiencia de Granada acordó en esta pieza archivar provisionalmente por motivos de salud.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, se les atribuye la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde presuntamente negoció con el empresario acusado la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
LICENCIAS MUNICIPALES
El Ministerio Fiscal hace constar que esta actividad era «contraria a las normas subsidiarias vigentes», dado que el terreno estaba en la categoría de ‘suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar». Sin embargo, presuntamente «conocedores de dicha contradicción patente y notoria con la normativa urbanística», el alcalde aceptó «a instancias del empresario», condicionar la perfección del contrato a la aprobación de los permisos y licencias municipales necesarias para permitir la gasolinera.
Ello, según incide la Fiscalía, «a sabiendas de que la actuación comprometida vulnera la legalidad vigente» y contando para ello con la «connivencia» del entonces concejal de Urbanismo y dos ediles más que «conscientemente» votaron a favor de las licencias y proyectos presentados por el empresario «a pesar de conocer la vulneración de las normas urbanísticas vigentes y con el concurso del técnico municipal».
A este último le acusa de «informar favorablemente» a «instancias del alcalde» las licencias y proyectos para este expediente urbanístico «a pesar de ser consciente del quebranto de la norma». Toda la operación incluyó presuntamente «un cambio fraudulento en la clasificación del suelo» para que se pudiera construir y explotar comercialmente la gasolinera, según indica la Fiscalía.
Por este asunto, solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario presuntamente implicado (esto mismo solicita también al exalcalde José Guerrero). Penas que eleva la acusación particular, quien reclama también la anulación de las licencias vinculadas a la gasolinera y su demolición.