Una iniciativa impulsada a través de Internet en apoyo a Juana Rivas y su hijo menor aspira a recoger 100.000 firmas para presentar una petición a los ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea. El objetivo es frenar la entrega del menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia, en cumplimiento de una resolución judicial italiana ejecutada por un juzgado de Granada.
La campaña, lanzada en la plataforma Change.org y difundida por colectivos feministas como las plataformas contra la violencia de género 25N y 8M de Granada, reclama que se escuche al niño e impida “que sea entregado a su padre maltratador”.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha emplazado a Juana Rivas a dar cumplimiento a la orden de reintegro de su hijo menor, que permanece en España desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.
«Apreciada la controversia en la que se encuentra inmerso y el tiempo de permanencia en España» se han acordado medidas para tratar de «conseguir o facilitar el tránsito tranquilo del menor y su traslado a Italia, realizándolo de la forma más adecuada a su edad e interés», señalándose el próximo mártes, 22 de julio, en horario de 10,00 a 11,00 horas la comparecencia para dar «cumplimiento a la orden de entrega del menor a su progenitor dictada por el Tribunal de Apelación de Cagliari», en Italia, según consta en un auto de fecha 14 de julio, consultado por Europa Press.
El texto que acompaña la recogida de firmas, consultado por Europa Press, señala que el padre «será juzgado el 18 de septiembre en Italia por maltratarlo física y psicológicamente durante siete años, con amenazas de muerte» por lo que exige a los ministros de Justicia y de Juventud e Infancia, Félix Bolaños y Sira Rego, «suspender inmediatamente la entrega», aplicar el reglamento europea por el que, agrega, España «puede negarse a ejecutar custodias que violen» el «interés superior del menor», y «escuchar» al menor «con protocolos de protección».
La petición busca «evitar», entre otros objetivos, que «se repita el caso» de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, a quien, precisa el texto, «nadie escuchó».
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a la madre de Maracena por delito de sustracción de menores. En verano de 2017 permaneció un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre. La pena fue rebajada de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores implicados, se trataba de un único delito, informa EP.
