El Ayuntamiento de Gójar ha defendido «la transparencia total» de su gestión y la protección del interés general de sus vecinos, respondiendo de esta manera a unas declaraciones de la portavoz municipal de Vox, Otilia Alarcón, en las que afirmaba que el equipo de gobierno local «esconde dos sentencias condenatorias» que «costarán» un millón de euros a sus conciudadanos.
El alcalde de Gójar, el socialista Joaquín Prieto, ha explicado que la portavoz de Vox defiende «los intereses de la empresa y no los del conjunto de vecinos». Prieto ha defendido «la transparencia» en su gestión y ha desmentido las acusaciones vertidas por Alarcón, apuntando que «el propietario de la empresa que reclama el cumplimiento de la sentencia es hermano del concejal del mismo partido político en La Zubia, José María Puentes», lo que a su juicio «explica el interés de la concejal».
Además, ha señalado que es «rotundamente falso» que el Ayuntamiento «esté ocultando información o sentencias judiciales». Tal como consta en el acta del pleno ordinario celebrado en diciembre de 2024, han añadido desde el consistorio, el alcalde informó «con claridad sobre la sentencia relativa a la gasolinera y sobre la imposibilidad de presentar el presupuesto debido a que se estaban analizando las implicaciones de determinadas resoluciones judiciales».
«No cabe mayor ejercicio de transparencia que informar en un pleno abierto a la ciudadanía», ha apuntado Prieto, que ha subrayado que la portavoz de Vox «no realizó ninguna pregunta ni observación al respecto».
Desde que se conoció la sentencia en primera instancia a la que alude Vox, el Ayuntamiento ha actuado con la «máxima diligencia», ha explicado el alcalde, «intentando alcanzar un acuerdo con la empresa demandante para facilitar el inicio del procedimiento de pago, priorizando siempre la estabilidad económica del consistorio y la prestación de servicios públicos».
«Ante la negativa de la empresa a aceptar un acuerdo» que sea «razonable», el Ayuntamiento ha añadido que se ha visto obligado a recurrir la sentencia, «como es su derecho y obligación si se considera que esta puede perjudicar gravemente a los intereses del municipio».
Este proceso judicial está en curso, y por respeto a la legalidad y a la independencia del poder judicial, el equipo de gobierno ha especificado que no se ha pronunciado públicamente sobre el fondo del asunto.
«No porque haya nada que ocultar, sino precisamente por responsabilidad institucional y prudencia jurídica», ha aseverado el alcalde, quien ha insistido en que la prioridad del municipio «es proteger el interés general y garantizar la sostenibilidad del municipio frente a decisiones judiciales que tienen su origen en gestiones realizadas hace más de dos décadas por corporaciones anteriores».