El Ayuntamiento de Armilla ha solicitado la suspensión cautelar de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Granada, que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que la norma incurre en graves deficiencias técnicas y procedimentales y que afecta directamente a los derechos de movilidad de los vecinos y vecinas del área metropolitana.
La petición se formaliza ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el marco del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Armilla contra la aprobación definitiva de la ordenanza, publicada el pasado 9 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia.
El escrito jurídico sostiene que, aunque la implantación de zonas de bajas emisiones es obligatoria en los municipios de más de 50.000 habitantes, la norma de Granada no cumple los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa estatal, vulnerando principios básicos como la proporcionalidad, la igualdad o la buena regulación.
Entre los motivos que sustentan la demanda, se subraya la omisión de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa, considerada un vicio procedimental “insanable”, la inversión del orden lógico de tramitación (al aprobar la ordenanza antes del proyecto técnico que debía justificarla) y la falta de motivación y coordinación metropolitana.
El Ayuntamiento de Armilla argumenta además que la ZBE granadina establece criterios discriminatorios de acceso, creando un trato desigual entre residentes y no residentes, “pese a que un vehículo contaminante lo es con independencia del lugar en el que esté empadronado su propietario”.
El documento también destaca que la ordenanza tiene efectos directos sobre la movilidad y la economía de Armilla, al limitar la libertad de circulación y el acceso a servicios, empleos y actividades en la capital, y afectar a la planificación urbana y de tráfico en el municipio. Según el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Armilla es el municipio con mayor flujo de movilidad hacia la capital, con más de 63.000 desplazamientos diarios, y casi un 30% de su parque móvil carece de distintivo ambiental.
La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha señalado que la decisión del Ayuntamiento “no cuestiona la necesidad de reducir emisiones ni de avanzar hacia una movilidad más sostenible”, pero sí exige “que las decisiones se adopten con rigor técnico, legalidad y diálogo entre administraciones”. Cañavate ha subrayado que la medida “se ha tomado en defensa de los derechos de nuestros vecinos y vecinas, que cada día se desplazan a Granada para trabajar, estudiar o acudir a servicios esenciales, y que merecen una transición ecológica justa y coordinada”.
“La sostenibilidad no puede construirse de espaldas al área metropolitana”, ha añadido la alcaldesa, quien ha reclamado que “las grandes decisiones sobre movilidad deben planificarse conjuntamente, porque Granada no puede actuar como si el resto del cinturón no existiera”, informa el Ayuntamiento de Armilla en una nota remitida a GRX Actualidad.
