La Audiencia Provincial de Granada ha archivado en firme la causa abierta por el operativo desarrollado en enero de 2023 en el entorno de las cuevas del Cerro de San Miguel, después de que varios moradores lo llevaran a los tribunales por entender que fue ilegal.
El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos de Cuevas del Sacromonte y otros residentes del entorno que mantienen que se accedió al interior de los patios de sus cuevas sin su consentimiento, provocando daños y siendo algunos retenidos en el interior sin orden judicial que lo amparase.
En la causa figuraban como investigados el que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, el jefe del operativo y también el entonces jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno.
Entre otras diligencias, el juez que instruyó el caso solicitó al Ayuntamiento y a la Policía Local que informaran de los pormenores del operativo en el que también intervinieron trabajadores de Inagra y de las empresas suministradoras de luz y agua. El consistorio, ya gobernado por el PP, defendió la actuación aludiendo a las ocupaciones ilegales que existen en el Cerro de San Miguel y que provocan «problemas de seguridad, salubridad y convivencia».
Explicó que la intervención se centró en eliminar la vegetación que invadía la muralla zirí, declarada Bien de Interés Cultural, así como cultivos y sistemas de riego irregulares que le afectaban.
El Juzgado de Instrucción 4 archivó provisionalmente la causa, pero los vecinos de las cuevas lo recurrieron ante la Audiencia Provincial por delitos de allanamiento de morada, detención ilegal de algunos propietarios y de daños en las cuevas.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que no cabe recurso, la Audiencia expone que el operativo se llevó a cabo en espacios exteriores de titularidad pública y aunque algunos de ellos –los situados frente a la entrada de algunas viviendas-cueva– presentaban un cierto grado de acotamiento con plantas y algunos enseres, esto «no puede entenderse suficiente para considerar que se trataba de espacios protegidos por el derecho a la intimidad de las personas».
Especialmente, según añade, cuando «nada acreditan» los denunciantes en relación al propio dominio de estos espacios; junto a ello atribuye los posibles daños en las cuevas a las labores desplegadas por los operarios y en ese caso el asunto debiera seguirse por vía administrativa y descarta la detención ilegal, que reduce a una «limitación de tránsito» por el entorno donde se desarrolló la intervención, «durante el tiempo que ésta duró y por motivos de seguridad».