La red de distribución de Granada se encuentra sometida en ciertos puntos de la ciudad a una sobrecarga «excesiva» de potencia derivada del «fraude masivo», especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona interrupciones de suministro, según han apuntado fuentes de Endesa a Europa Press al hilo de la concentración llevada a cabo ante el Ayuntamiento este jueves por la plataforma contra los cortes de luz en el distrito Norte.
Estas mismas fuentes han aportado datos como que «del total de los 1.125 centros de transformación que Endesa tiene en Granada capital, 80 están en distrito Norte y de ellos 18 son los que generan el 97 por ciento del total de las incidencias» de la capital.
Estas incidencias se generan por la actuación de las protecciones de los centros de transformación (fusibles) que entran en funcionamiento cuando detectan una sobrecarga, como es el caso de la originada por la energía desorbitada que demandan las 24 horas al día, los 365 días al año, las plantaciones de marihuana.
Los fusibles de los centros de transformación se activan para «absorber esa sobretensión y evitar males mayores, como el incendio de la infraestructura eléctrica». Esta sobretensión que generan la demanda de electricidad de las plantaciones de marihuana, que consumen como unas 80 viviendas, «no debería derivarse al centro de transformación ya que el sistema de distribución está diseñado con mecanismos suficientes para que esa sobrecarga se contenga de forma más acotada», apuntan desde la eléctrica.
Enganches ilegales
Sin embargo, los enganches ilegales vulneran todas las protecciones intermedias entre el punto de consumo y el centro de transformación, por un lado, el cuadro de protección de la instalación interior de la vivienda, conocido como el cuadro diferencial o cuadro eléctrico, y, por otro, el contador o equipo de medida de telegestión, que tiene un Interruptor de Control de Potencia (ICP) integrado.
También la caja general de protección, una instalación que se encuentra en la fachada de los edificios y que es de acceso público, y el centro de transformación de distribución, que transforma la energía de la red de media a baja tensión para que pueda ser recibida por los hogares.
Los fusibles pueden soportar un salto puntual de la potencia por encima de la máxima, pero si se trata de una situación continuada, se fundirán, provocando el corte de suministro de todos los suministros abastecidos por esa línea eléctrica, tengan o no tengan contrato en vigor.
Los cultivos de marihuana vulneran todos estos sistemas de protección (no tienen cuadro eléctrico en la vivienda, ni contador, ni caja general de protecciones), dejando únicamente los operativos los fusibles de los centros de transformación.
Cada vez que se funde un fusible en un centro de transformación hay que reponerlo para poder tener continuidad en el suministro, pero para realizar su cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, para que los técnicos puedan manipular la red, han advertido desde Endesa. Esto supone que el cambio de un fusible desde que Endesa tiene conocimiento hasta que se ejecuta pueda suponer una media de dos horas, han añadido desde la compañía.
Inversiones realizadas por Endesa
Endesa ha invertido, según la información que ha venido facilitando la compañía, durante los últimos cuatro años cerca de once millones de euros en la zona norte de Granada que ha supuesto una renovación íntegra de la red tanto en baja, media como en alta tensión.
Durante este periodo, Endesa amplió la potencia de la Subestación Pulianas en un 57 por ciento y ha instalado 19 nuevas máquinas transformadoras en el barrio, que se han sumado a las ya existentes. Estos transformadores han dado una potencia extra al barrio suficiente para abastecer a 29.000 viviendas, en un entorno en el que no ha habido nuevas promociones de viviendas, ni nueva industria.
Cinco veces más potencia de la necesaria
«Todas estas medidas han contribuido a un refuerzo integro de la red que se encuentra sobredimensionada y cuenta con hasta cinco veces más potencia de la necesaria en función al número de habitantes», aseguran en Endesa.
Con todo ello, la media de inversión por cliente en la zona norte es «de 1.500 euros al año frente a los 20 euros al año en el resto de Granada capital». En las zonas concretas de Cartuja y La Paz en las que se concentran un mayor número de interrupciones, Endesa ha apuntado que ha ampliado las instalaciones significativamente desde 2020 para proteger a los clientes de las sobrecargas que se están produciendo debido al cultivo de marihuana.
Así, siguiendo con los datos oficiales disponibles, en Bermúdez de Pedraza Endesa ha aumentado la capacidad de sus instalaciones en «un 250 por ciento pasando de 2.000 a 5.000 KVA de potencia instalada», y en José María Burgella Toro, Endesa ha aumentado la capacidad de sus instalaciones «un 500 por ciento, pasando de 400 a 2.000 KVA de potencia instalada».
«Saturar los nuevos transformadores»
En La Paz (zona Juan Latino y Pedro Lacalle) Endesa ha aumentado «la capacidad de sus instalaciones un 500 por ciento, pasando de 1.000 a 5.000 KVA de potencia instalada». A pesar de estas ampliaciones y de las acometidas realizadas para independizar edificios y viviendas unifamiliares, «no se han conseguido eliminar las sobrecargas, ya que la demanda de energía crece de forma exponencial hasta saturar los nuevos transformadores, ampliando las zonas saturadas».
Las inversiones que está llevando a cabo Endesa en estas zonas de Granada se acompañan de una colaboración institucional, ya que no se trata de una situación de deficiencias de la red, sino de una problemática mucho más compleja que requiere de la participación de todas las instituciones.
Así, desde el inicio de los trabajos de la Mesa por la Zona Norte, Endesa ha trabajado con el resto de las instituciones involucradas: el Ayuntamiento de Granada y la Subdelegación del Gobierno, por sus competencias sobre seguridad; la Junta de Andalucía, como titular de las viviendas públicas; el Defensor de la Ciudadanía de Granada, para intentar «paliar la problemática de los cortes de suministro; y la Fiscalía, así como entidades sociales, con la finalidad de «buscar soluciones conjuntas».